La Audiencia Provincial de La Rioja celebra este miércoles 29 de abril el juicio contra tres personas acusadas de incendiar intencionadamente dos viviendas en la calle Carreto de Arnedo. La Fiscalía pide doce años de prisión e inhabilitación absoluta para cada uno de los acusados, además de una indemnización solidaria de 194.300 euros a los propietarios afectados.
Los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2020
Los hechos se remontan a las 16:30 horas del 6 de julio de 2020, cuando los tres acusados, dos hombres y una mujer, de 30 y 31 años en el momento de los hechos, acudieron presuntamente a la vivienda situada en el número 55 de la calle Carreto. Según el escrito de acusación, prendieron fuego al inmueble arrojando al interior algún objeto o líquido inflamable que provocó la rápida propagación de las llamas.
El fuego se extendió a la vivienda colindante del número 53, donde en ese momento se encontraban cuatro personas que tuvieron que evacuar rápidamente ante el peligro cierto para sus vidas. La Fiscalía destaca que, debido a la estructura del casco antiguo de Arnedo, también se puso en peligro la vida de los moradores de otras viviendas cercanas.
Rápida intervención de los bomberos del CEIS
Los bomberos del CEIS Rioja acudieron al lugar y su rápida actuación evitó que el incendio se propagara a otros inmuebles del entorno. No obstante, las dos viviendas afectadas sufrieron graves daños estructurales que las dejaron inhabitables, por lo que tuvieron que ser demolidas. Días después se anunció la detención de estas tres personas en relación a estos hechos.
Un delito de incendio con peligro para la vida
El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de incendio con peligro para la vida de las personas, tipificado en el artículo 351 del Código Penal. Los tres acusados, que fueron detenidos por la Guardia Civil días después de los hechos, tienen antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.
La tasación pericial cifra el coste de reconstrucción de ambas viviendas en 194.299,78 euros, cantidad que la Fiscalía reclama como indemnización directa y solidaria para los propietarios afectados.